Falta de justicia para las españolas

«Me pueden dar un golpe, me pueden llevar un pedazo, pero yo no vuelvo a denunciar.»

(Mujer dominicana que vio denegada la orden de protección y archivadas sus dos denuncias por violencia de género en 2012)

Le violencia de género es una pandemia en España. Entre 2005 y 2012, 503 mujeres han sido asesinadas por su marido en España, y esa cifra no toma en cuenta las muertes a manos de hombres que no sean el marido de la víctima.

Y éso que en 2005, para luchar contra ella, el gobierno español aprobó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (más conocida como ‘Ley Integral’). Esa ley, preveía, entre otras medidas, el establecimiento de tribunales y abogados especializados  y competentes en los délitos relacionados con la violencia de género.

campaña realizada por el Ministerio de la Igualdad contra la violencia de género en 2008

Durante los dos principios años de su puesta en aplicación, la legislación obtuvo buenos resultados, con un aumento de las denuncias. Sin embargo, tal y como denuncia la ONG Amnistía internacional en un informe, esta tendencia se ha invertido desde 2008. En 2011, según una macroencuenta realizada por el Gobierno español,  la violencia oculta, es decir «la violencia no denunciada pero detectada a través de estudios estadísticos (definición de amnesty internacional), representaba el 73 % del total de abusos. Otro aspecto preocupante son los sobreseimientos: según Amnistía internacional, en 2011, en media, más del 45 % de las denuncias por violencia de género se archivaron ! Amnistía también destaca que solamente el 50 % de los pleitos desembocan en una condena del acusado, y éso, en la mayoría de los casos, por falta de pruebas.

ni una muerte más ni una muerte menos.

He aquí el testimonio de una española de 43 años, cuyas denuncias por maltrato han sido archivadas y que se encuentra ahora acusada de «herir el honor» de su ex marido :

https://www.youtube.com/watch?v=t0hW_URZAmA

Los problemas identificados por Amnistía internacional en su informe para tratar de explicar la falta de eficacia de la ley integral, son los siguientes:

– En algunos casos, sobre todo cuando la mujer no habla español, la victima no recibe información acerca de sus derechos (por ejemplo no sabe que puede pedir una orden de protección). Es necesario, insiste la ONG, que todas las víctimas sean asistidas por un intérprete en las comisarías y durante el pleito.

-Amnistía también pone de relieve la falta de disponibilidad y de calidad de los abogados para la víctimas. Últimamente, la mayoría de las víctimas solamente pudieron encontrarse con su abogado unos minutos antes del pleito, y eso que la ley mande que ese abogado sea disponible para la victima desde el momento de su denuncia.

-La ONG también constata fallos en la investigación judicial. Por ejemplo, se dan muchos casos de fiscales que no investigan bastante antes de archivar el caso, o que no aceptan pruebas determinantes porque las consideran «innecesarias«.

He aquí el testimonio de una niña que encontré en el informe de amnistía y que a mí me afectó mucho:

«Ana, de seis años de edad, comenzó desde muy pequeña a expresar rechazo a relacionarse con su padre del que decía que “le hace daño”. Con cuatro años comenzó a presentar síntomas físicos de abuso sexual (al regreso de un periodo de estancia con su padre fue diagnosticada de vaginitis). En las horas previas a las visitas paternas sufría insomnio, pesadillas, trastornos alimenticios e incluso graves crisis de ansiedad y autolesiones. A los cinco años, Ana le relató a su madre y a una profesional los abusos sexuales sufridos por parte de su padre durante el régimen de visitas. La madre de Ana denunció los hechos y aportó al juzgado, además de los partes médicos e informes de la psicóloga de la niña, otros documentos de servicios que habían tratado a Ana (hospital psiquiátrico infantil, servicio de urgencias médicas). Tras la denuncia, Ana fue citada a una exploración en el juzgado en presencia del juez, la fiscal, su abogada y una perito forense. Allí relató una vez más los abusos sexuales sufridos y pidió protección al juez.
Antes de terminar la exploración, se le pidió a Ana que repitiera con gestos sobre su propio cuerpo los detalles de cómo y dónde le había agredido su padre. Ante esta petición, la niña se paralizó y renunció a continuar el relato tapándose el rostro con un abrigo. Este gesto y el lenguaje maduro de Ana fueron interpretados por el juez y la fiscal como un indicador de falta de credibilidad de su testimonio. Tras la exploración, el juez dictó auto de sobreseimiento provisional por “falta de indicios de delito”, en el que afirmaba que “el testimonio de la niña no es nada creíble. Es más, parece totalmente inducido por su madre, con la que convive, haciendo manifestaciones impropias de una niña de su edad, y en momentos en que nada se le pregunta al respecto, como pudo ser un momento de la exploración en
que por propia iniciativa refiriera que antes prefiere morirse que estar con su papá”. En el mismo auto el juez decidió denegar las pruebas periciales y testificales solicitadas por la representación legal de la niña, que podrían contribuir a esclarecer los hechos, por considerarlas “innecesarias”. El sobreseimiento ha motivado una resolución del juzgado de familia que ordena reanudar inmediatamente el contacto entre el padre y la niña bajo apercibimiento de cambio de guarda y custodia a favor del padre y multa de 500 € a la madre, por cada mes que la niña no se relacione con el padre.»

– Cuando la violencia es psicológica o cuando la víctima no dispone de un parte de lesiones, resulta muy difícil que su denuncia desemboque en una condena. Respeto a ello, amnesty denuncia una falta de medios de investigacíon. También constata que en muchos casos, los jueces no toman en cuenta el conjunto de violencias sufridas, sino un episodio puntual, y en muchos casos, de escasa intensidad.

– Algunos agresores recurren a la estrategía de la «contradenuncia«, que consiste en denunciar a  la persona que te acusa del mismo tipo de infracción para empujarla a renunciar a su denuncia (cuando, por ejemplo, el hombre sufre de lesiones que les han sido inflictadas por la mujer defendiéndose). Según el Consejo General del Poder Judicial, cada año, cientos de españolas pueden verse condenadas al mismo tipo de pena que la de su agresor. Según el informe, haría falta una mejor especialización de los jueces y las juezas supuestamente «especializados» para que logren diferenciar la violencia de género de la violencia mutua, y de los simples «conflictos de pareja.»

– A menudo, los jueces, los fiscales o aún los abogados de la víctima tienen prejuicios respeto a la violencia de généro que le hacen dudar de la veracidad del testimonio de esa víctima. Esos prejuicios impulsan esos jueces/fiscales a archivar/soberseer el caso o a no investigarlo a fondo. Una víctima de ese tipo de prejuicios, una dominicana en situación irregular,  contó a Amnistía la primera frase que le dirigió su abogada, cuando la vió por primera vez, diez minutos antes del principio del pleito : «Tú no tienes cara de maltratada; tú, ¿qué quieres, ‘los papeles’?»

 

 

(a continuación)

Fuentes:

–informe de Amnistía internacional «Qué justicia especializada»

– Sección española de Amnistía internacional